Venezolanos y colombianos que pertenecen al colectivo, al llegar a Ecuador se dedican a las ventas informales y hasta a ejercer trabajos sexuales para su sustento. Pocos abren negocios. Carlos Zambrano, de 27 años, nunca ocultó su homosexualidad, ni siquiera cuando ingresó a la Armada de Venezuela como marino. Allí se ganó el respeto de sus compañeros y sus superiores. Pero la situación que atravesaba su país lo obligó a emigrar. “Saber que juré defender a mi bandera y no poder hacer nada para librar a Venezuela de la dictadura que vive hasta hoy, me hizo abandonar”. En mayo de 2018 empacó sus maletas y migró a Ecuador en busca de nuevas oportunidades. “Sabía que en mi maleta no entrarían mis amigos, mi mamá, mi papá y mis arepas hecha en fogón”. Carlos guardó un avioncito azul, que le obsequió  en su infancia su padre. El juguete lo anima a seguir en su lucha. A su llegada enfrentó varias dificultades. El joven venezolano, nacido en Valencia, dormía en la terminal terrestre de Guayaquil y en las calles; cuando encontró trabajo en un negocio de comida, a su regreso a casa fue violado por un grupo de hombres. “Sentí que me habían arrebatado mi dignidad”. En la actualidad vende gafas en las calles. Las ganancias sirven para pagar el arriendo y la comida. Con la pandemia su situación económica se deterioró. “La Asociación Silueta X me ayudó con kits de alimentos”. Carlos anhela obtener un empleo formal y legalizar su situación en el país. Johana Villarreal, de 28 años, quien es transfemenina, en cambio, lleva nueve años como refugiada. Tiene una acreditación en derechos humanos y en octubre le otorgarán la nacionalidad ecuatoriana. Ella salió de Colombia por presiones y amenazas de muerte de grupos armados. Para sostenerse económicamente trabajó para un salón de belleza, vendía postres hasta que pudo abrir su propio gabinete, pero con la pandemia tuvo que cerrar y hoy está sin empleo. “En Ecuador pude lograr lo que tanto quería, que me trataran como una mujer y vivir con tranquilidad, pero ahora es muy duro”. Recientemente, el Consulado de Colombia le otorgó un bono de comida y la Misión Jesuita le donó alimentos. Para ambos volver a sus países no es una opción por el momento; más bien confían en que pronto lleguen mejores tiempos.  Ayudas humanitarias El desempleo ha agravado la situación de este grupo humano, sobre todo en los últimos tres meses a raíz de la pandemia del covid-19, aunque organizaciones de LGBTI del país procuran mitigar el problema con ayudas. No existe un registro sobre el número de migrantes LGBTI en Ecuador, lo cual hace más difícil visibilizar los casos de desamparo y, por consiguiente, el acceso a las ayudas se complica. Pese a ello, las iniciativas  se han reflejado con entrega de kits de alimentos, productos de higiene y en ciertos casos, con servicio de albergues temporales para quienes han sido desalojados de viviendas y cuartos de hoteles que previamente arrendaban.

Sobre esta realidad coincide Diane Rodríguez, de la Asociación Silueta X. “Conocemos que la mayoría vive en una situación precaria; es necesario que organismos como la ACNUR intervengan con un programa estructurado para ellos”.

De su parte, Geovanny Jaramillo, de la Asociación Ecuatoriana Bolivarianos Diversos, el deterioro de la calidad de vida es evidente. En Quito decenas se congregan en los alrededores del parque El Ejido, para ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia. Pese a ello, destaca la tarea de organizaciones y colectivos que en algo tratan de aliviar la situación y que se convierten en nexos con organismos internacionales y fundaciones. Una herramienta para informar de las actividades y canalizar las ayudas son las redes sociales. (I) La homofobia y transfobia están latentes La pandemia ha incidido en los derechos de la población LGBTI refugiada y migrante. Según Diego Nardi, Oficial de Protección Comunitaria de la ACNUR, capítulo Ecuador, este grupo poblacional llega al país sin redes de apoyo sólidas. Enfrentan retos para acceder al mercado formal y la mayoría depende de la economía informal y se ve obligada a realizar actividades de riesgo como el trabajo en las calles y, lamentablemente, el trabajo sexual. “Por la pandemia esta población está más aislada, sin posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas. A esto se suma un problema estructural como es la discriminación y la violencia, más aún si son extranjeros”, dice. Uno de los temas más complejos durante la emergencia, a su criterio, han sido los desalojos y el poco acceso a la vivienda. Existe homofobia y transfobia de arrendatarios que no alquilan  inmuebles a estas personas. La ACNUR trabaja con organizaciones de base que a su vez lo hacen con personas LGBTI en Ecuador, para identificar a refugiados y migrantes para que puedan fortalecerse. Es decir, garantizar a una persona su documentación; y si enfrenta violencia de género, que acceda a mecanismos de protección; si tienen VIH, tengan conocimientos sobre dónde y cómo acceder al tratamiento antirretroviral. Se destaca por parte de la ACNUR la apertura en Quito de un albergue para personas LGBTI en movilidad humana. Esto se realizó  hace un año junto con la Fundación Ecuatoriana Equidad.

Fuente: El Telégrafo, Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI